El 14 de marzo de 2020, se declaró el estado de alarma en España y nos alcanzó un tsunami que devastó nuestra vida. Atacó nuestra salud con dosis de agresividad y violencia ante el adelgazamiento de los recursos sanitarios a base de un récord de recortes austericidas; decidieron pagar deuda financiera socializada enfermando nuestros servicios públicos débiles por ello para afrontar semejante situación. Nuestra Ley General de Sanidad (1986), ley que aun siendo vigente, ha sido vulnerada por leyes posteriores y desvirtuada bajo parámetros mercantilistas del gobierno conservador que anuló la universalidad insinuando un modelo diferente que nos calificaba como asegurados y no dueños; habla de sostenibilidad; ésa que se vio con la pandemia que no era real sino ficticia, como ficticia es la economía de casino que sujeta ese sistema ideológico neoliberal. La lógica de mercado se ha asentado sobre la de la democracia y sus innatas obligaciones de garantizar derechos y patrimonios de toda la ciudadanía.Las consecuencias del mismo en la gestión resultaron ser graves, así la evidente prueba de estrés negativa de la pandemia que señala que es un modelo fallido a desactivar. La Atención Primaria, primer punto de choque para frenar impactos de las personas infectadas está siendo aporreada ahora; el grado de desorden con caóticas decisiones políticas produjeron la perturbación en medio del desastre; decisiones constantes contradictorias y poco estructuradas se mezclaron con falta de recursos para protección de los sanitarios, se cubrieron con bolsas de basura y mascarillas improvisadas o recibidas de voluntarios que las fabricaron de forma artesanal. A la vez, camas cerradas en hospitales por decisiones políticas supuestamente por eficiencia, y uvis cerradas que no quisieron abrir mientras morían personas hacinadas y sufrían sanitarios al límite de la desesperación. Unas y otras siguen cerradas por la obcecación e intereses del plan neoliberal ineficiente y malicioso. Esa desestructuración y falta de dirección a escala de la gestión sanitaria, más propia de entornos pequeños que de un país con millones de ciudadanos a atender, fue un jarro de agua mucho más helada aún que puso en evidencia fallos de un modelo montado sobre la autorregulación de los mercados que no la ordenación imprescindible desde gobiernos e instituciones.
Gastos enormes improvisados muchos por compras de mala calidad y costes aumentados por acción de intermediarios que hicieron de la pandemia su mejor oportunidad de negocio a pesar de millones de contagiados y de miles de muertos. 14 millones de contagios no fueron bastantes, tampoco 140.0000 muertos de los que 40.000 fueron personas mayores y dependientes de residencias que vivieron un infierno en soledad y murieron, sin un mínimo calor familiar salvo de profesionales que pudieron darles la última caricia. Hubo en las Residencias el primer foco de deshumanización impune de una gestión institucional culpable que se evade de sus funciones de inspección tanto en centros privados como público – privados que por su objetivo han de responder también a una función pública.
Tras el confinamiento fuimos pasando fases a golpe de decisión política y de superación de condiciones forzadas; claramente priorizaban economía sobre la salud; nuestras conclusiones es que enfermos y muertos fueron para ellos daños colaterales asumibles sin más. Era una tragedia que llegó y fuimos pasando sin que ni siquiera reflexionaran sobre la carga de recortes y la obligación de recursos adecuados con financiación pertinente, no hubiéramos sido, en Madrid, epicentro en numerosos momentos de la terrible y larga actuación de ese virus implacable en un mundo despiadadamente sumido en la avaricia de un mercado para empresas cuya única intención es atrapar clientelas cautivas que los propios gobiernos neoliberales ofrecen como productos de un mercado muy sustancioso.
La tónica de no seguir pautas lógicas fue habitual en todos los territorios, así que se jugó a la ruleta rusa con los ciudadanos; entre tanto se empezaron nuevamente a disminuir los recursos ya escasos y a expulsar a profesionales contratados que se necesitaban y se necesitan: los de Atención Primaria, los de apoyo y los que trabajaban para urgencias extra hospitalarias y emergencias. En Madrid los Servicios de Urgencias extra hospitalarias que completaban la atención primaria en un modelo propio de un servicio publico que que debe actuar sin cierre durante todo el año, pero se cerraron de golpe ya en 2020 sin razones más que dotar al milagro IFEMA que fue un capricho de millones de € para los de siempre, que repitirion en el Hospital Zendal que sigue chupando del bote público con especuladores diversos y sin rendimiento alguno para la salud comunitaria; ni siquiera es un hospital al uso sino más bien una nave sin futuro que la justifique. Los mercados son ahora no reyes, sino emperadores; los políticos, sus vasallos; los pueblos, sus esclavos. La pandemia se cerró por decreto aunque continuó. Los ciudadanos dueños, del sistema y soberanos del país, tuvimos que gestionar nuestros propios recursos, fuimos perdiendo derechos en un modelo que cada vez está más sometido a las pautas mercantiles teniendo incluso que ir a trabajar
si estabas con Covid19, decisiones tomadas con el borrado institucional de la pandemia.
Las únicas ideas de relieve para buscar una fórmula de recuperación fueron las comisiones de reconstrucción del gobierno central y en algunas comunidades autónomas. Gastaron dinero, perdieron el tiempo y las oportunidades. Los informes hablaban de la importancia de la atención primaria y la necesidad de la reconstrucción con mayor financiación, más recursos humanos y materiales y una tarea de control de la salud primando la de la Atención Primaria con la longitunallidad y con la existencia de un plan de control de la salud muy menguado y perdido a lo largo de los años. Sin embargo todos esos planes debieron quedar metidos en los cajones y están abandonados. A pesar de lo que disimulan, atancan la Atención Primaria sin rubor. No hay intención de reconstruir los servicios públicos, elementos fundamentales para la redistribución justa de la riqueza, así como esqueleto con necesidad de fortalecerse ante las grandes emisiones de precariedad provocada que avanza y que tiene en la militarización un punto negro más de malestar y de empobrecimiento masivo. No hay democracia sin derechos garantizados, no hay reconstrucción de la salud sin servicio sanitario público adecuademente financiado; con médicos suficientes y con equipos completos.
Ahora tenemos casi 600.000 niños que ya no tienen pediatra en España, de los cuales la mitad pertenecen a la comunidad de Madrid; fueron los pediatras los que lograron con su especialidad experta en lo infantil y juvenil el aumento de la esperanza de vida en España. Tenemos en Madrid 1.000.000 de personas adultas que carecen de médicos de referencia; incumplimiento delictivo por parte del gobierno de esta comunidad que ha provocado que los médicos terminaran de la pandemia totalmente estresados desde el punto de vista mental y con problemas físicos cronificados. Exceso, depresión y abuso por parte de las instituciones incapaces de haber puesto a disposición del país toda la sanidad privada obligándola a compartir esfuerzo. Esa situación se aprecia con fuerza también en otras comunidades de corte más conservador, como Andalucía, y se ha expandido y puesto en evidencia en las demás. Las huelgas se están sucediendo pero la gestión no ha logrado colocar las cosas en buena disposición para los pacientes y casi ni siquiera para los facultativos que viene arrastrando promesas incumplidas que veremos si cumplen ahora.
Ante este panorama despiadado en manos de especuladores, Necesitamos voluntad política y determinación social para cumplir con la vigente Ley General de Sanidad de 1986, eliminando cualquier espita que permita avanzar en el terreno mercantilizador. La política está para resolver problemas no para provocarlos, por ello tienen que poner la financiación aquí al nivel del promedio de la UE, un mínimo 7.5% del PIB del que se dedique un 25% a Atención Primaria y al menos un 5% para Salud Pública. También deben atender sin reparos la Salud Mental con equipos multidisciplinares que puedan dar una atención integral y en condiciones dignas a la población. Que la ciudadanía forme parte de las decisiones como señala la ley y no se actúe con mezquindad mientras descapitalizan los recursos propios del servicio público. Para ello, deben trabajar los gobiernos de las comunidades y el del Estado dando valor a la alta inspección y penalizando tras una criba constante todo lo que nos lleve a infracciones que resultan impunes y suelen arrojar corrupciones implícitas.
No se puede mantener un modelo público frankestein en manos de políticos incapaces y ambiciosos mientras se quiere liquidar el modelo bien estructurado de 1986 que, aunque necesita retoques, puede fácilmente solucionarlos si hay interés, político, práctica de gestión democrática y escucha permanente a la ciudadanía que exige su derecho a la Salud. El plan que han de perseguir un gobierno que se diga democrático, sin ninguna duda es el de la Reconstrucción de un verdadero Sistema Nacional de Salud y público, abandonando el mantra demoledor de la mal llamada” colaboración público – privada” que es una auténtica parasitación de lo público a manos del lucro privado. Ese modelo decadente y muy poco redistributivo, mercantiliza, externaliza, multifragmenta, opaca y desvía los siempre escasos recursos públicos a la lógica mercantil, a los beneficios privados, y en muchos casos, genera una corrupción lamentablemente extendida, tolerada e instalada.
El Neoliberalismo Mata, No Vamos a Rendirnos.
Carmen Esbrí,
As. Mareas Blancas, España