L’ALIANÇA DE MAREES I MOVIMENTS SOCIALS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

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Es va fer entrega de als grups parlamentaris del document “Propostes per a garantir els drets socials i laborals. Per uns pressupostos participatius en 2021”

Es reivindica el blindatge dels serveis públics, la necessitat de que el pressupost d’atenció primària arribi al 25% com indica la OMS , la dignificació i estabilitat dels treballadors i treballadores i la incorporació real i efectiva de la participació ciutadana

El passat dimarts 11 de maig  una delegació de la ALIANÇA DE MAREES I MOVIMENTS SOCIALS s’ha reunit al Parlament de Catalunya amb representants dels grups parlamentaris de PSC, ERC, JUNTS, EN COMÚ-PODEM i CIUTADANS. Van justificar la seva absència la CUP i PP.

En aquesta reunió s’ha fet entrega als grups parlamentaris de el document “Propostes per a garantir els drets socials i laborals. Per uns pressupostos participatius en 2021 “. Document que s’adjunta amb el present comunicat.

Els representants dels moviments i organitzacions socials han intervingut per destacar les principals propostes i reivindicacions: Antonio Barbará per Marea Blanca, María José Carcelén per la Coordinadora Residències 5 + 1, María José Alarcón pel Moviment de Residències de Catalunya, Roberto Martínez per Afectats BB Serveis, Josefina Salazar per Plataforma SAD, Rosa Cañadell per Assemblea Groga, Joan Mestres per la Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Juan José Ramón per les PAH catalanes, Víctor Fonseca per l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Diosdado Toledano per la Comissió Promotora de la Renda garantida de Ciutadania, Ramón Franquesa per Marea Pensionista de Catalunya i Antonio Fuertes per ATTAC Acordem.

La delegació de moviments socials també ha proposat als grups parlamentaris una propera reunió on puguin donar resposta més detallada a les reivindicacions contingudes en el document.

A continuació, com a primera resposta a les propostes presentades, en un to obert a el diàleg, han pres la paraula Jessica González diputada d’En Comú Podem, Juan García diputat de Ciutadans, Najat Driouech i Bartomeu Compte diputats d’ERC, Glòria Freixa diputada de Junts i Raúl Moreno diputat de PSC.

Com a conclusió de la trobada destaquem:

1.- La disposició dels representants parlamentaris a una nova reunió amb la delegació de l’Aliança de Marees i Moviments Socials, en un termini de mes i mig a dos mesos, per concretar compromisos i posicionaments sobre el document de propostes i reivindicacions.

2.- Prosseguir el diàleg iniciat pels diferents grups parlamentaris amb els moviments socials sobre les seves reivindicacions específiques.

3.- S’anuncia el registre pels moviments socials de diverses mocions a Parlament de Catalunya, amb la finalitat de traslladar els acords a al Congrés de Diputats. S’expressa la voluntat de diàleg perquè aquestes mocions s’aprovin amb el major consens possible.

PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES.
POR UNOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN 2021

Introducción
Tras la constitución del Parlament y la formación del gobierno de la Generalitat en la XIII legislatura además de abordar las iniciativas legislativas que se promuevan, las propuestas de enmiendas para mejorar las leyes vigentes y asegurar su plena implementación, se abrirá el proceso para la elaboración, debate y aprobación de los nuevos presupuestos para 2021.
Las diversas organizaciones, movimientos y entidades sociales que en la XII legislatura nos reunimos el 16 de diciembre de 2019 con los diversos grupos y subgrupos, a quienes hicimos entrega de un conjunto de demandas sociales, y que en la reunión de 28 de febrero de 2020 nos volvimos a encontrar en el Parlament para conocer sus respuestas y compromisos, hacemos entrega en la XIII legislatura del documento que recoge las reivindicaciones y propuestas sociales y económicas actualizadas, para su consideración, debate, aprobación y aplicación.
Ante la situación de excepcionalidad como consecuencia de la pandemia del covid-19 y sus efectos
sobre la salud pública, el desempleo, la precariedad, la pobreza, es más urgente que nunca garantizar
plenamente el conjunto de derechos sociales, el derecho a un trabajo digno y estable, a la prestación de
la renta garantizada de ciudadanía sin restricciones injustas, al acceso a la vivienda digna, a los servicios
básicos agua, energía, comunicación, a la atención digna a las personas mayores, a la educación pública
de calidad, etc.
En nuestra opinión, la economía y sus instrumentos deben servir al interés público y al bien
común, así como los recursos que se deriven de los nuevos fondos de recuperación económica de la
Unión Europea, que deben gestionarse respetando las competencias de la Generalitat de Cataluña, del
resto de comunidades autónomas, y de los ayuntamientos. Priorizando las inversiones de carácter público
para cubrir los principales objetivos sociales como, el necesario parque público de vivienda de alquiler en
Cataluña, el desarrollo de empresas públicas en investigación sanitaria y farmacéutica, la reforma del
parque de viviendas para reducir el consumo energético y favorecer su adaptación a la energía renovable
solar, la remunicipalización de la atención domiciliaria y por un nuevo modelo público para atender las
necesidades de la gente mayor y con discapacidad funcional, etc.
En pleno siglo XXI la voluntad participativa de la ciudadanía no puede limitarse a la votación
democrática en las convocatorias electorales en los diversos ámbitos, deben abrirse las ventanas y
puertas de las instituciones a la democracia participativa. También del Parlament de Cataluña, para para
que la voz de la ciudadanía no solo sea escuchada, sino que pueda expresarse en la elaboración, debate y
aprobación de las leyes, mociones, enmiendas, etc., para lo cual debería estudiarse y ponerse en marcha
nuevas vías e instrumentos que hagan efectiva dicha participación
Barcelona, mayo 2021
Alianza de Mareas y Movimientos Sociales

REIVINDICACIONES Y PROPUESTAS

1.- DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA (aportación de Marea Blancade Catalunya)
1.1.- “Colaboración-pública-privada
Posiblemente ustedes han visto o escuchado que para nosotros este mecanismo no es una verdadera
“colaboración” sino una “parasitación” de los recursos públicos hacia intereses privados. Ante la ofensiva
de esta “fórmula” que entendemos como una privatización en plena crisis pandémica, les proponemos (y
nosotros lucharemos) para
a) BLINDAR los servicios públicos existentes y
b) REVERTIR a Públicos todo aquello que ha sido externalizado.
1.2.- Atención Primaria
Parece que todo el mundo pondera y reconoce la importancia capital de la Atención Primaria en el
funcionamiento deseable del Sistema de Salud y Público en forma determinante. Sin embargo, lo cierto es
que la AP se encuentra en peligro inminente de quiebra, exhausta, con una infrafinanciación escandalosa
(+/- 15% del global de sanidad)
Proponemos incrementar el 25% de la inversión para Atención Primaria tal como recomienda la OMS.
Realizar contrataciones masivas, dignas y estables para estos equipos asistenciales, y poder realizar las
tareas que corresponde a su carácter primarista y comunitario.
1.3.- Dignificar y dar estabilidad al empleo del personal sanitario
Reivindicamos la contratación con empleo indefinido y estable, respetando sus derechos acumulados, del
personal sanitario interino.
1.4.- Incorporación de la ciudadanía organizada
Solicitamos su compromiso a un despliegue participativo que incorpore a la ciudadanía y sus expresiones/
organizaciones de base ciudadana a la hora de marcar objetivos y “co-decidir” las planificaciones y los
controles en salud pública.

2.- DEFENSA DE LAS PERSONAS MAYORES Y CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (aportación de Coordinadora Residencias 5 + 1)
La pandemia ha sacado a la luz la situación límite en que se encontraban las residencias, con carencias
endémicas que hasta ahora ningún gobierno ha tenido voluntad de resolver.
Con independencia de lo que más adelante se indicará, exigimos la implementación de las propuestas de
resolución aprobadas en el Parlament en julio de 2020. Se adjunta un documento con las propuestas
aprobadas.
2.1.- Las residencias entendidas como un servicio público. Reversión de la privatización de centros de
titularidad pública. El cuidado de las personas mayores y dependientes debe entenderse como un
servicio público, no como un negocio. Por ello demandamos servicios públicos de gestión pública, porque
es la única manera de evitar la especulación con los derechos de personas mayores y dependientes.
Hay que revertir la privatización de las residencias, asumiendo la Administración la gestión directa una vez
finalicen las correspondientes concesiones.
es imprescindible un Plan para la construcción urgente de residencias públicas, para garantizar el acceso a
todas las personas que lo necesiten, manteniéndolas en su entorno más próximo.
Asimismo, hay que diseñar un Plan que garantice la atención a las personas a lo largo de su vida, en
función de la evolución de sus necesidades y grado de dependencia.
2.2. Modelo residencial. Defendemos un modelo de atención centrada en la persona, que tenga en
cuenta las necesidades de los residentes, garantice sus derechos y respete sus deseos en la atención y la
vida cotidiana. En definitiva, un hogar en el que vivir plenamente la última etapa de su vida.
Las residencias no deben superar las 60 plazas, con habitaciones individuales para procurar el respeto a la
intimidad y la mejora de sus condiciones de vida, a la vez que facilite un adecuado aislamiento, de forma
que se pueda minimizar el riesgo de contagios entre los residentes. Establecimiento de un periodo
transitorio para el redimensionamiento de las actuales residencias.
2.3.- Modificación de la Cartera de Servicios de 2010. Una ratio mínima de un puesto de gerocultor para
cada cuatro personas en el turno de mañana y en el de tarde, respectivamente, y uno para cada diez en el
turno de noche. Disponer de servicio médico y de enfermería las 24 horas. Aumento de las horas del
personal técnico.
2.4.- Atención sanitaria de los residentes. La atención médica y el control de la salud de los residentes
deben hacerse desde la sanidad pública, siendo los referentes los Centros de Atención Primaria.
Supresión definitiva e inmediata de los EAR, a cargo de MUTUAM y otras empresas. Traspaso a la
Atención Primaria de los fondos hasta ahora destinados a EAR, y mejora sustancial de su financiación.
Ampliación de la dotación de personal, médicos de geriatría y personal de enfermería.
2.5.- Equipamiento médico. Dotar a las residencias de un equipamiento mínimo indispensable.
2.6.- Formación del personal. Para el personal gerocultor se requerirá, como mínimo, formación reglada
como auxiliar de enfermería.
2.7.- Inspecciones y controles de la calidad de los servicios REALES y SIN PREAVISO. Para poder hacerlo
es imprescindible disponer de personal suficiente, por eso exigimos el aumento de las plantillas de
inspectores, así como garantizar que realizan su trabajo con total independencia.
2.8.- Mantenimiento infraestructuras. Garantizar una inversión suficiente en el mantenimiento de las
infraestructuras.
2.9.- Modificación del régimen sancionador. Los casos de maltrato deben tener la consideración de muy
graves y conllevar la retirada de la gestión o el cierre de la residencia cuando sea privada.
2.10.- Visitas y salidas de los residentes. Exigimos que en todas las residencias libres de COVID o con
brotes controlados se puedan hacer visitas diarias, mínimo una hora y que se vaya ampliando en la
medida que avance la vacunación entre la población hasta la normalidad absoluta. Y garantizar que en
todas las residencias libres de COVID o con brotes controlados, los residentes pueden salir al exterior para
hacer paseos, así como efectuar salidas de uno o más días.
Se tiene que establecer algún sistema que permita mantener contacto físico entre familiares y residentes
con Alzheimer o deficiencias cognitivas.
Las direcciones de las residencias no pueden tener ningún margen de decisión respecto de las visitas y las
salidas.
Es necesario que se adopten medidas para asegurar el cumplimiento en todas las residencias de los
Planes Sectoriales e imponer las sanciones que correspondan por su incumplimiento.

3.- Aportaciones de Afectados BB Servei:
3.1.- Exigimos que los directivos imputados de BB Serveis Ismael Soriano y Diego Parra sean inhabilitados
para trabajar con personas dependientes, les cierren las residencias y se exija su ingreso en prisión dado
que siguen delinquiendo
3.2.- Exigencias de responsabilidades políticas y judiciales a los responsables de Afers Socials y Salud en la
legislatura precedente, ante el desastre ocurrido en las residencias con el resultado de miles de muertes.
3.3.- Reconversión pública de las residencias privadas para dejen de ser un negocio a costa de las
necesidades de las personas dependientes, y de la precariedad y bajos salarios de su personal, y pueda
garantizarse la calidad y buen trato de los servicios. Auditoría de la gestión en las residencias públicas
donde se haya observado déficits de atención sanitaria y residencial.

4.- Aportaciones del “Movimiento de Residencias de Cataluña” POR LA DIGNIDAD SOCIAL
Esta pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias que asociaciones y plataformas hace muchos
años denunciamos. Si para algo ha servido esta crisis tan lamentable, ha sido para evidenciar que el
sistema de cuidados no funciona y necesita un cambio radical.
Exigimos y trabajamos para lograr un cambio estructural de modelo. Adoptar las medidas adecuadas, con
el fin de promover la calidad de vida de las personas que necesitan cuidados. Atención centrada en la
persona; valorar de forma adecuada en la sociedad las profesiones relacionadas con la atención de
personas en situación de dependencia. No podemos seguir permitiendo que estos servicios sean un
negocio para las empresas privadas, pagadas con dinero público.
Residencias públicas, con gestión 100% pública o licitación basada en criterios calidad de los servicios.
Instalaciones de calidad que garanticen el derecho a la intimidad de los usuarios con un límite de plazas
reducido con unidades de convivencia de máximo 40-50 personas, con implantación de un programa de
actividades asistidas por personal técnico.
Aumento con seguimiento y control por parte de la administración del personal técnico, sanitario y
asistencial de presencia en cada turno, por categoría profesional. Mejoras en las dietas y menús y
creación obligatoria en todos los centros residenciales de un Consejo de usuarios o familiares de
residentes, con participación activa en la toma de decisiones. Un buen canal de comunicación y
transparencia con las familias y un canal telefónico para familiares, trabajadores o quien sea que detecte
o sospeche de cualquier mala praxis. Estas son algunas de las medidas imprescindibles para dignificar los
cuidados y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.
Es necesario qué de manera progresiva, pero sin demora, estos servicios sean un derecho garantizado por
las instituciones Hasta llegar a lograr este propósito, EXIGIMOS, que se garanticen, amparados por un
marco legal los derechos fundamentales de las personas en situación de dependencia. DIGNIFICACIÓN,
HUMANIDAD, DERECHOS COMO PERSONA QUE SON, Y LIBERTAD. Vivir en una residencia tiene que
suponer un trato 100 % humano. Valorización de todo lo que envuelve el sector de la dependencia.

5.- ATENCIÓN DOMICILIARIA (aportación de la Plataforma SAD)
5.1.- Gestión pública de los Servicios de Atención Domiciliaria en toda Catalunya con condiciones dignas
para trabajadores y usuarios.
5.2.- Comisión de control compuesta por los ayuntamientos y trabajadoras/es del sector para el
seguimiento de las condiciones laborales de trabajador@ y la calidad del servio al usuario/a.
5.3.- Epis de calidad y suficientes para las/os trabajador@s.
5.4.- Vacunar del Covid 19 en todo Catalunya al personal del servicio que lo requiera, así como a los
usuarios.
5.5.- Horarios para los trabajador@s seguidos.
5.6.- Cursos de reciclaje para trabajador@s en activo.
5.7.- Tiempo reales de recorridos entre domicilios.
5.8.- No quitar del horario del usuario el tiempo de recorrido del trabajador.
5.9.- Reconocimiento de las bajas laborales por accidente de trabajo.
5.10.- Titulación Sociosanitaria para nuevas contrataciones.
5.11.- Cobro de las bajas laborales desde el primer día.

6.- DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA (aportación de Assemblea Groga)
6.1.- Aumento del presupuesto educación tal y como marca la LEC. 6%
– Que este aumento vaya a la red pública y no a la concertada como hasta ahora.
– Revertir todos los recortes y mejorar las condiciones laborales del profesorado: horas lectivas, horas
coordinación, salario, etc.
6.2.- Avanzar hacia la única red pública:
– No renovar conciertos educativos centros que segregan por sexo y/o por clase social (centros Opus y
centros de élite).
– Control real y efectivo del dinero que va a la concertada, así como cuotas, contenidos, democracia, etc.
– Auditoría pública de las cuentas de los centros financiados con dinero público.
6.3.- Reforzar la red pública:
– No al cierre de grupo en la pública.
– Gratuidad centros públicos. Control cuotas de las ampas.
– Disminución de ratios en general y más disminución en los centros con alumnado con más dificultades.
– Más recursos, humanos y materiales en los centros públicos de barrios más desfavorecidos.
– No al aumento de recursos a los centros concertados para escolarizar alumnos “vulnerables”. No al
Decreto de Conciertos
6.4.- Devolver la democracia en los centros:
– Derogar el Decreto de Direcciones y el Decreto de Plantillas.
– Adjudicación de TODOS los puestos de trabajo (funcionarios, interinos, sustitutos) con criterios objetivos
y concurso público. No a la elección del profesorado por parte de las direcciones.
– Devolver poder para tomar decisiones al Claustro y al Consejo Escolar de centro.
– Elección democrática de las direcciones
6.5.- Innovación, curriculum y metodología:
– Innovación educativa a partir experiencias del profesorado y no imposición de las directrices de Escola
Nova21
– Apostar por la diversidad de metodologías y no por las competencias básicas y aprendizaje por
proyectos como únicas metodologías.
– Reforzar los conocimientos en las diferentes materias y no diluirlos en el aprendizaje por proyectos.
– Reforzar el papel del profesorado como transmisión de conocimientos y valores.
– Reforzar el aprendizaje de las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje, pero no como
agente educativo.
– Garantizar la educación presencial en todas las etapas educativas
6.6.- Garantizar una plaza pública y gratuita a todos los niños de 0-3:
-Desprivatización de las guarderías gestionadas por empresas.
6.7.- Universidad:
– Rebaja tasas universitarias hasta llegar a la gratuidad de las universidades públicas.
6.8.- Becas
– Mientras no se llegue a la gratuidad total, las becas deben ser accesibles para todo el mundo, en tiempo
y cuantía.
6.9.- Formación Profesional
– Asegurar una plaza pública para todo el alumnado.
– Gratuidad FP. No a las tasas

7.- MEDIDAS PARA CREAR PLENO EMPLEO DIGNO Y DISTRIBUIR LA RIQUEZA Y EL TRABAJO (aportación de Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña)
7.1.- Avanzar hacia la semana laboral de 30 horas sin reducción del salario y por el pleno empleo
Los incrementos de productividad y beneficios en las empresas, acumulados desde hace decenios, no se
han traducido en una reducción significativa del tiempo de trabajo, que hubiera reducido el desempleo.
Por consiguiente, reivindicamos qué en el ámbito de la administración pública de la Generalitat, de sus
empresas y contrataciones, se adopten las decisiones pertinentes para reducir la semana laboral a 30
horas sin disminución de salario. Exigimos también, las medidas necesarias para prohibir y penalizar el
abuso en la contratación temporal y a tiempo parcial, reconociendo su contratación indefinida y a tiempo
completo. Así como reforzar las actuaciones para prohibir y penalizar el abuso empresarial de horas
extras ilegales y no abonadas.
7.2.- Facilitar la movilidad en el transporte público de los trabajadores/as en precariedad laboral
El incremento de la precariedad y la pobreza laboral, con contratos a tiempo parcial, o temporales de
corta duración, y con bajos salarios, dificulta o encarece en términos relativos, el uso del transporte
público a este importante colectivo.
Solicitamos la extensión de la tarjeta bonificada de transporte de las personas sin empleo a los
trabajadores/as precarios, a tiempo parcial o temporal de corta duración, cuyos ingresos salariales
mensuales sean inferior al salario mínimo.
7.3.- Recuperar los derechos laborales y un empleo digno y estable
El desempleo estructural en Cataluña y España es uno de los más altos de la Unión Europea, ha sido el
resultado de un modelo productivo que ha provocado la desindustrialización y deslocalizaciones, y una
serie de reformas laborales, especialmente la contrarreforma de 2012, que han eliminado derechos
laborales, incrementado la precariedad laboral, y empobrecido a los trabajadores/as.
Solicitamos que el Parlament de Cataluña apruebe una moción para trasladarla al Congreso de Diputados,
que exija la derogación de la legislación laboral regresiva y precarizadora, especialmente la reforma
laboral de 2012, y avanzar hacia el pleno empleo estable y digno.
7.4.- Contra el abuso de la temporalidad y la interinidad en las administraciones públicas (AP) y por el
empleo fijo de todo los trabajadores públicos.
Por la paralización inmediata de falsos procesos de estabilización, contrarios al derecho comunitario y la
justicia social, sin perjuicio de la continuidad de las Oposiciones para cubrir todas las plazas vacantes no
ocupadas por personal en abuso de temporalidad. Por la estabilización efectiva mediante regularización
administrativa conforme a derecho estatal y comunitario de todo el personal público en abuso de la
temporalidad, ya sea funcionario, laboral, estatutario o indefinido no fijo para sentencia.

8.- DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA (aportación de las PAH catalanas)
8.1.- Recuperar la ampliación de la 24/2015 aprobadas con el DL 17/2019, anulado por el PP, la banca y
el Tribunal Constitucional el pasado mes de enero:
La Ley 24/2015 obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales como medida para evitar
desahucios hipotecarios y de impago de alquileres, pero fue ampliada en 2019 gracias de nuevo a la
presión social para incluir la renovación de los alquileres sociales si continúa la situación de
vulnerabilidad, y alquileres sociales obligatorios antidesahucios en extinciones de contratos y en
ocupaciones o acceso sin título en pisos de bancos. Actualmente, el 70% de los desahucios son de
alquileres y muchas personas no tienen otra alternativa que ocupar viviendas de bancos y buitres debido
a los altos precios insostenibles de la vivienda y los desahucios. Por ello es necesario recuperar la
ampliación de la Ley catalana contra los desahucios conseguida con el Decreto 17/2019, con una ley de
urgencia, la primera ley de vivienda que apruebe el nuevo Parlamento, que recupere las siguientes
medidas:
• Renovaciones obligatorias una vez los alquileres sociales llegan a su fin.
• Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en extinciones de contratos de alquiler.
• Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de empleo en pisos de bancos y
buitres.
8.2.- Aplicación inmediata de un Plan de Choque para poner la mesa de emergencia a cero y las
personas que malviven en pensiones y en la calle, garantizando un realojo digno y adecuado:
Hay que poner en marcha con urgencia un Plan de Choque de vivienda. No podemos esperar más: hay
que poner el contador a cero y realojar a las casi 3.000 personas que esperan en la lista de espera de las
mesas de emergencia. Es importante no olvidar que, tanto los pactos internacionales como la normativa
propia, establecen el deber de realojamiento de las administraciones públicas después de que se
produzca un desalojo forzoso.
La Ley 24/2015, para los casos de desahucios de pequeños tenedores, establece en su artículo 5.6 que
“Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y
unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser
desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio “, previsión que se debe
cumplir y que muchas administraciones están incumpliendo sistemáticamente (la lista de espera de las
mesas de emergencia es la prueba). Por cada desahucio que no se pueda detener, exigimos un realojo
digno.
8.3.- Detener todos los desahucios de personas vulnerables y actualizar el protocolo de comunicación
de desahucios del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) y el Departamento de Justicia, pues es del 2013, y
obvia la regulación establecida por la Ley 24/2015 a nivel catalán o por el RDL 7/2019 a nivel estatal, así
como los RDLS 11/2020 y 37/2020 estatales de vivienda por la pandemia y el 37/2020 catalán:
Queremos nuestras ciudades y pueblos libres de desahucios. Hay que priorizar y hacer realidad este lema,
tanto a nivel legislativo como de políticas a todos los niveles, implicando todas las administraciones y
poniéndolo como prioridad de primer nivel y de mínimos. Además, el Gobierno de la Generalitat,
representada por el Presidente Torra, también se comprometió a realizar una reunión en septiembre de
2019 con el TSJC en la que reclamamos asistir. Pero no tenemos ninguna noticia desde entonces y es
necesario actualizar el llamado protocolo para estar obsoleto y caducado, además, teniendo en cuenta las
prácticas claramente abusivas como los desahucios abiertos que actualmente no están permitidos, o
directamente ilegales, como los desalojos extrajudiciales ejecutados por empresas privadas, así como la
presencia de policía antidisturbios y recursos públicos para ejecutar vulneraciones de los derechos
humanos. Además, hay que obligue a los Juzgados a coordinarse con los municipios, abogadas de oficio, y
detener el desahucio en los casos que las leyes incluyen: alquileres sociales obligatorios por los grandes
tenedores, desahucios de personas vulnerables mientras dure el estado de alarma etc.
8.4.- Padrón obligatorio por el derecho a la vivienda digna:
Hay bastantes municipios que no están empadronando las personas que están ocupando una vivienda o
no tienen domicilio fijo, discriminándolas y perjudicándolas en el acceso a derechos básicos, por tanto, es
necesario que este derecho se garantice. Además, algunos reglamentos locales de mesas de emergencia
piden incluso 2 o 3 años de antigüedad de padrón, requisito claramente discriminatorio que contradice la
Ley catalana de servicios sociales, que pide sencillamente el empadronamiento y no ciertos años de
inscripción. Las personas y familias que viven en un pueblo o municipio deben tener los mismos derechos
y no podemos permitir que se discrimine a las personas migrantes o con menos recursos, negándoles la
puerta de entrada a derechos como la educación, la salud o la vivienda. Hace tiempo que las entidades
sociales lo denunciamos y que algunos Ayuntamientos lo ignoran: ya basta, exigimos padrón para todas y
el derecho a la vivienda digna.
8.5.- Ampliación urgente y continuada del parque de vivienda asequible en Cataluña.
Hay que extender y poner en marcha una batería de políticas públicas de vivienda para incrementar el
parque de vivienda social que Cataluña necesita, cumpliendo con el objetivo de Solidaridad Urbana que
establece la Ley del derecho a la vivienda de Cataluña en su artículo 73 (llegar al 15% de vivienda social en
2025 en toda Cataluña), el cual ha sido incumplido sistemáticamente por los Gobiernos de las sucesivas
legislaturas desde de su aprobación. Aumentar el parque asequible no puede equivaler a volver al modelo
insostenible de la burbuja y la desprotección del territorio: hay que apostar por movilizar o rehabilitar el
parque en desuso, reciclando la ciudad construida y evitando la construcción que signifique
recalificaciones y destrucción del territorio. Hay que hacerlo:
• Ampliando la medida del 30% de Barcelona en todas las ciudades.
• Construyendo vivienda pública de alquiler e indefinido, o en cesión de uso.
• Expropiando la vivienda vacía.
• Sancionando el incumplimiento de la función social de la vivienda. Ampliar el impacto y el alcance del
impuesto a los pisos vacíos.
• Con cesiones obligatorias de vivienda vacía.
• Con el tanteo y retracto.
• Ampliando los convenios con las entidades financieras y fondos buitres actuales en base a precios de
cesión obligatoria actuales.
• Fomentando las cooperativas de vivienda.
8.6.- Dotar de presupuesto las partidas para políticas de vivienda y derechos sociales:
Equiparando a los estados y países que tienen verdaderos presupuestos sociales y de vivienda, como
necesita toda política pública de derechos que quiera ser exitosa y efectiva. Llegar a presupuesto para
políticas de vivienda a nivel autonómico y estatal del 3% del PIB para políticas de vivienda y el
correspondiente para erradicar pobreza energética. El ínfimo parque de vivienda de emergencia del que
disponemos es un reflejo del poco presupuesto que se destina actualmente, y que se ha dedicado a las
políticas de vivienda históricamente. También es una consecuencia el casi residual porcentaje del parque
de vivienda de protección oficial existente, el ritmo de VPO iniciados en 2019 (0,25 VPO iniciadas en
Cataluña por cada 1.000 habitantes) o la lista de espera de demandantes de vivienda protegida, que en el
último año con cifras publicadas (2020) era de 141.070 personas en toda Cataluña.
8.7.- Aplicar una política fiscal, impositiva y sancionadora para garantizar el derecho a la vivienda y
gravar el incumplimiento de su función social:
Fomentar que el IBI, la plusvalía municipal, los permisos de obras y otros impuestos autonómicos tasen
especialmente los cambios continuos de propiedad de la misma vivienda, evitando las dinámicas
especulativas. Aplicar con planes de inspección, personal especializado y recursos para actuar contra las
situaciones de incumplimiento de la función social de la vivienda definidas en la Ley 18/2007
(discriminación, acoso inmobiliario, viviendas vacías o desempleo permanente, deber de conservación,
infravivienda o sobreocupación, uso especulativo de la VPO etc.). Modificar el impuesto a los pisos vacíos,
a través de una reforma de la Ley 14/2015, del 21 de julio, del Impuesto sobre las viviendas vacías,
ampliándola para que tenga un impacto real con el objetivo de revertir el incumplimiento de la función
social de la propiedad que representan las viviendas vacías.
8.8.- La Generalitat debe ser una administración que asuma sus responsabilidades protegiendo de
forma inequívoca y efectiva el derecho a la vivienda:
El Gobierno de Cataluña, como autoridad con competencias exclusivas en materia de vivienda, debe
liderar las políticas de vivienda en Cataluña; poniéndose, además, al servicio de los municipios para
cumplir y hacer cumplir la normativa catalana en materia de vivienda (Ley 18/2007, Ley 24/2015, Ley
14/2015, Decreto Ley 1/2015 etc.), vertiendo -hay recursos y priorizando las políticas de vivienda. Las
políticas públicas de derechos y que buscan ser efectivas -como la sanidad o la vivienda- deben ser
planificadas, por tanto, hay que aprobar un Plan Territorial Sectorial de Vivienda valiente y dotado de
recursos, que ponga las bases de un nuevo modelo que garantice la vivienda digna y adecuada de toda la
población. La Generalitat no puede seguir eludiendo sus responsabilidades en materia de un derecho
fundamental como es la vivienda.

9.- GARANTÍAS DE LOS SUMINISTROS BÁSICOS (aportación de Alianza contra la Pobreza Energética)
9.1.- Aplicación de la Ley24/2015 en su totalidad
Tras la firma de los convenios por parte de Endesa con las administraciones para condonar la deuda de las
familias vulnerables, urge que el resto de compañías energéticas suministradoras también los firmen.
Hay que señalar la responsabilidad de las empresas privadas que gestionan estos servicios básicos para la
vida y poner líneas rojas en su lucro.
Es necesaria la condonación de la deuda y dar una segunda oportunidad a las familias.
9.2.- Acceso universal a los suministros en empleos en precario y aplicación de protocolo de Bomberos
Es necesario que el gobierno impulse un protocolo para garantizar el acceso universal al agua y la energía
en los casos en que no se pueda acreditar derecho de uso. Esta regularización evitaría a las familias a
decidir entre vivir sin electricidad en pleno siglo XXI o pinchar el suministro, con los riesgos asociados para
ellas o sus vecinas. El Decreto de la AMB 2018/184 y los diferentes protocolos de agua ya existentes en
Mataró, Blanes, Maçanet de la Selva, Malgrat de Mar, Palafolls, Tàrrega, el Vendrell, etc. visibilizan que es
posible.
Hay, asimismo, la implementación del protocolo de detección de casos de pobreza energética a través del
cuerpo de Bomberos de la Generalitat, un mecanismo impulsado por la APE y un colectivo de Bomberos,
acordado con los departamentos de Interior y Asuntos Sociales, pero que sigue guardado en un cajón
desde 2017.
9.3.- Poner fin a la actuación de Endesa en los cortes indiscriminados a barrios de todo el territorio.
390.000 personas de 29 municipios diferentes podrían ser víctimas de los cortes continuos de Endesa, una
cifra que representa el 5% de la población catalana.
Hay que poner freno a los abusos de Endesa, auditar el estado de las redes de distribución y detener la
criminalización de la población afectada. Al hacerlo, es necesaria la máxima transparencia y la
colaboración entre administraciones y la imprescindible participación de la sociedad civil a fin de buscar
soluciones para la problemática
9.4.- Enfoque de derechos: para poder plantear medidas valientes que luchen contra la pobreza
energética desde la raíz.
Transversalidad de género: el género es un factor de riesgo en la pobreza energética y hay que tenerlo en
cuenta en las políticas públicas que se desarrollen en materia de vulnerabilidad energética.
Transición energética inclusiva: no podemos pensar en una transición energética sin tener en cuenta a las
familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que sufren discriminación por uno o varios ejes
de desigualdad: género, edad, diversidad funcional, personas migradas, etc. y eso debe estar reflejado en
las medidas que se planteen en este sentido.

10.- MEDIDAS PARA HACER CUMPLIR Y MEJORAR LA LEY DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (aportación de la Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía)
10.1.- Por el pleno y efectivo cumplimiento del derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía
La tasa de cobertura de la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con los últimos
datos publicados en octubre de 2020 sobre la población de Cataluña en situación de privación material
severa según los datos de IDESCAT en 2019 sólo alcanza el 32% de este colectivo, y un 9,36% sobre la
población en riego de pobreza en Cataluña. Los datos sobre la implementación de la RGC en el colectivo
de personas sin hogar son denegados por la administración de la Generalitat, ante lo cual se ha registrado
un recurso ante la sala contencioso-administrativa del TSJC. Las consecuencias sociales y económicas de
la pandemia del covid-19 agravarán más la exclusión social, lo cual exige de manera urgente la plena
implementación del derecho de las personas vulnerables a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Solicitamos promover una Auditoría independiente que permita extraer conclusiones sobre dicha gestión
y poder corregir las malas prácticas. También exigimos la revisión de todas las resoluciones denegatorias
de la prestación (la gran mayoría) en aplicación de la moción 24/XII, aprobada por el Parlament en la
sesión del 22/11/2018, y de la moción 302-00181/12, punto 14, apartado a) de 6 de febrero de 2020.
10.2.- Suficiencia económica de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía
La cuantía de la prestación de la RGC está vinculada al IRSC. Este indicador se encuentra congelado desde
el 1 de enero 2010 hasta finales de diciembre de 2020. Las consecuencias de congelar el IRSC no solo
afecta a la suficiencia económica de la prestación de la RGC, sino que también, al no estar actualizado con
el IPC acumulado en Cataluña en este periodo, restringen el acceso a esta prestación a personas
vulnerables con ingresos inferiores al umbral del IRSC.
Exigimos que en los próximos presupuestos de la Generalitat se actualice el IRSC y en consecuencia, se
incrementen las cuantías económicas de las prestaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía, en
cumplimiento de la moción 302-00181/12 de 6 de febrero de 2020 aprobada por el Parlament que
estableció en el punto 14, apartado b) “Incorporar al Proyecto de Presupuestos una actualización del
Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) que suponga, como mínimo, un incremento igual al
del IPC de Cataluña durante todo el periodo en el que no se ha aumentado”. Con carácter inmediato
exigimos el cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional 17, apartado3, de los presupuestos
de la Generalitat de 2020, incrementando el 5% las cuantías de las prestaciones de la RGC con efectos
retroactivos de 1 de enero 2021.
10.3.- Mejorar la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía
Durante el proceso de implementación de la ley RGC en estos años, tras advertir dificultades e
insuficiencias en la propia ley, se han promovido diversas enmiendas para mejorarla, como por ejemplo la
reducción del tiempo de carencia de seis meses a dos meses. Recientemente se registraron dos
enmiendas de lectura única con el objetivo de acortar el plazo de resolución de las solicitudes de RGC y de
armonizar el periodo de empadronamiento con la ley del Ingreso Mínimo Vital, de la cual es subsidiaria la
RGC, sin embargo, por problemas de agenda tras finalizar la legislatura, no pudo debatirse ni votarse en
sesión parlamentaria.
Solicitamos su compromiso para votar a favor de dichas enmiendas de lectura única, que volverán a
registrarse próximamente, en las primeras sesiones del Parlament de Cataluña una vez se haya
constituido. También solicitamos su apoyo a las nuevas enmiendas que mejoren la ley de la RGC.
10.4.-Mejorar la ley del Ingreso Mínimo Vital e impulsar una armonización en los aspectos positivos con
la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía
La aprobación del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo del año pasado por el que se establece el
Ingreso Mínimo Vital, prestación de la cual es subsidiaria la Renta Garantizada de Ciudadanía, si bien ha
significado un avance en la protección social en el conjunto del estado español, también ha mostrado en
su aplicación práctica importantes dificultades para el acceso a dicha prestación de las personas
vulnerables, déficits en la tramitación, financiación y coordinación de su gestión, como también algunas
mejoras respecto a las prestaciones vigentes en las diversas comunidades autónomas.
Diversos movimientos sociales dirigieron una carta al Gobierno del estado proponiendo un conjunto de
mejoras del Ingreso Mínimo Vital, y posteriormente cursaron otra carta a los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados para que registren y apoyen un conjunto de enmiendas a dicha ley que de
modo resumido significan: Acortar a dos meses antes de la solicitud el periodo de cómputo de ingresos o
carencia de estos, acortar a dos meses el periodo de resolución administrativa de las solicitudes,
establecer el silencio positivo tras el final del plazo de resolución, y asegurar su financiación mediante la
ampliación de créditos. Como podrán ver, algunas de estas medidas forman parte del articulado de la Ley
de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Como conclusión proponemos al Parlament de Cataluña:
1º.- Aprobar una moción en apoyo de dichas enmiendas para trasladarla al gobierno del estado y al
Congreso de los Diputados.
2º.- Emprender la tarea de armonización entre aquellas medidas más progresistas que contiene la ley del
Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, el plazo de residencia legal de 1 año para acceder a dicha prestación,
mientras en la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía es de 2 años. Impulsar las iniciativas para
que las medidas más avanzadas que contiene la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía respecto de la
ley del Ingreso Mínimo Vital se incorporen a esta última, favoreciendo la armonización positiva, voluntaria
y colaborativa entre ambas leyes.
3º.- Garantizar la gestión de la ley del Ingreso Mínimo Vital en Cataluña por el gobierno de la Generalitat
en cumplimiento de sus competencias estatutarias, la coordinación para la financiación por el gobierno
del estado de la prestación del Ingreso Mínimo Vital en Cataluña, así como los mecanismos de auditoría y
supervisión compartidos para la correcta implementación del Ingreso Mínimo Vital.

11.- DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS (aportación de Marea Pensionista de Cataluña)
El Sistema Público de Pensiones es una pieza básica de los derechos sociales en Cataluña. En los últimos
años ha sido objeto de diversos intentos de degradación y privatización. Frente a ataques interesados por
hacerlo aparecer como un mecanismo insostenible, es imprescindible exigir una auditoria pública de las
cuentas de la Seguridad Social. Se trata de un sistema que se creó en 1963, que recaudó un enorme
volumen de cotizaciones sobre el trabajo y que se separó de los presupuestos del Estado sin que se
reconocieran sus recursos acumulados, creando la llamada hucha de las pensiones con el contador a cero.
Además, se están imputando a la Seguridad Social una serie de gastos que son absolutamente impropios
al fin de esta y que sirvieron para cubrir durante la dictadura la ausencia de un sistema fiscal progresivo y
después para hacer frente a todo tipo de gastos sociales (como por ejemplo el IMV).
El Parlament de Cataluña debe contribuir a exigir el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones, que
implica la ciudadanía de Cataluña, para lo cual proponemos:
Aprobar una moción en el Parlament para hacerla pública y trasladarla al gobierno del estado español y
al Congreso de los Diputados, donde se exija una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social, la
supresión de cualquier cargo impropio a su cargo y en todo caso estableciendo las medidas transitorias
necesarias para garantizar a los pensionistas un nivel de vida digno y suficiente, en tanto el sistema
actual no lo asuma.

12.- NECESIDAD DE RECUPERAR LA BANCA PÚBLICA (aportación de ATTAC Acordem)
Un gran número de entidades han desaparecido víctimas de fusiones o absorciones favorecidas por la
complicidad y normativas de los gobiernos de turno, desde 2008 hemos pasado de 62 entidades a 10.
Como resultado tanto España, como Cataluña presentan hoy unas de las mayores concentraciones
bancarias de Europa. En el Estado 5 grandes bancos acaparan el 71% de los activos y con las fusiones en
ciernes se pasará al 80%.
La desaparición de la banca pública y las cajas y otras pequeñas entidades minoristas de proximidad, está
haciendo que se resienta fuertemente la función tradicional de intermediación de la banca y que la
financiación de familias y pymes esté gravemente afectada, así resulta imposible reflotar la economía.
Exigimos al Govern de la Generalitat y al Gobierno de España que, en el futuro actúen para revertir las
políticas que han favorecido la privatización y oligopolización de las finanzas, que se han constituido en
grupos de poder fáctico que vigilan y controlan el desarrollo de nuestra débil democracia. Para ello
consideramos necesaria la paulatina reconstrucción de una estructura bancaria diversificada, donde la
Banca Pública cumpla un necesario papel garantista orientado hacia la democracia económica y que se
constituya en un servicio público financiero capaz de servir a las necesidades no atendidas del tejido
productivo y de toda la ciudadanía en Cataluña y el Estado.
Para ello sería necesario:
– La transformación del ICF (Institut Català de Finances) en Cataluña, como entidad financiera pública,
en una auténtica y sólida banca pública de inversión/desarrollo, que pueda financiar de forma directa
a empresas privadas o cooperativas y a autónomos, sin tener que recurrir mayoritariamente a la
intermediación de la banca privada y que pueda responder a los retos que bajo responsabilidad social
y ecológica tiene en estos momentos Cataluña.
– Que el Parlament de Catalunya, dentro del ámbito de sus competencias, apruebe una propuesta que
traslade al Congreso de los diputados en España para que el ICO (Instituto de crédito oficial) se
convierta asimismo en una auténtica y sólida banca pública de inversión/desarrollo, que pueda
financiar de forma directa a empresas privadas o cooperativas y a autónomos, sin tener que recurrir
mayoritariamente a la intermediación de la banca privada y que pueda responder a los retos que bajo
responsabilidad social y ecológica tiene en estos momentos el Estado español.
El ICO, junto al ICF y otros institutos financieros del Estado son necesarios para canalizar los fondos
europeos y dotarlos del máximo de eficiencia. Para ello dichos institutos financieros, que están
constituidos como entidades bancarias públicas con carácter empresarial, tienen competencia para
financiar directamente proyectos a diversos niveles, sin tener que recurrir a la intermediación de la banca.
Antes que nada hay que priorizar el empleo responsable de estos fondos, sin tener que recurrir
mayoritariamente al negocio de la banca privada a través de su innecesaria intermediación.
No obstante, estas medidas no resuelven por sí solas muchos de los graves problemas del actual sistema
financiero en Cataluña. Uno de los más preocupantes hoy es la pérdida sustancial del rol bancario de
intermediación, paralelo a su concentración oligopólica orientada al máximo beneficio de la gran banca.
Otro el aumento significativo de la exclusión financiera de determinadas poblaciones vulnerables y/o
periféricas. Es por ello necesario que las administraciones catalana y española orienten su acción hacia la
reconstrucción de una banca pública de depósitos, capaz de dar al sistema financiero el giro necesario
orientado al bien común del que nunca se tendría que haber desviado.
En este sentido y como medida inicial
Reclamamos del Parlament de Catalunya apruebe una moción por la que traslade al Gobierno de España
la necesidad de dotar a las oficinas de Correos de la infraestructura y personal necesarios para reinstaurar
las funciones de cobro, pago y depósito de la antigua Caja Postal y hacerlas así operativas, ya que
disponen de un amplio despliegue en Cataluña, para abrir cuentas corrientes, domiciliación de recibos,
transferencias, etcétera. Ello con el objetivo de acercar la financiación al necesitado entorno rural y
combatir al mismo tiempo la creciente exclusión financiera.

13.- SOBRE LA GESTIÓN Y PRIORIDADES DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE RECUPERACIÓN EUROPEO (aportación de Alianza de Mareas y Movimientos Sociales)
13.1.- Transparencia y participación
Tras la publicación del Real Decreto-Ley 36/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, Transformación
y Resiliencia, es decir, sobre las normas para adjudicar dichos fondos de la UE, se ha suscitado una gran
inquietud y descontento al advertir que coincide en gran parte con los principios básicos que hizo en su
día la patronal, y no asegurar la justa participación de los gobiernos autonómicos y municipales en su
gestión, así como abrir el debate público parra que la participación de la sociedad civil sea plena y
transparente.
Solicitamos que en la gestión de los fondos de recuperación de la Unión Europea participen de manera
justa, en función de criterios objetivos y consensuados, la Generalitat de Cataluña y el resto de las
comunidades autónomas, así como los ayuntamientos. Así como promover la información y debate
público sobre la gestión y uso de dichos fondos, y la participación de las organizaciones y movimientos
sociales sobre las prioridades en la inversión pública y social del fondo.
13.2.- Condicionalidad explicita o vinculada a recomendaciones antisociales de las instituciones de la UE
La utilización de dichos fondos para para imponer a los diversos estados de la UE, entre ellos España,
medidas regresivas de carácter antisocial y laboral, especialmente contra el sistema de pensiones
públicas, y para no derogar la reforma laboral de 2012, etc., sea con la excusa de las recomendaciones de
las instituciones de la UE, o con acuerdos inconfesables, son un grave atentado a la soberanía popular y
democrática, y abrirán un grave conflicto social.
Exigimos la defensa de los derechos sociales y laborales, así como la soberanía democrática y popular,
rechazando radicalmente dichas condiciones, recomendaciones o chantajes, para acceder a los fondos de
recuperación de la Unión Europea.
13.3.- Prioridades del uso de los fondos de recuperación de la UE
Es motivo de gran preocupación el interés de la banca privada, transnacionales y grandes empresas
privadas para apropiarse dichos fondos de recuperación en su propio beneficio. Beneficios que luego son
transferidos a los países en donde residen sus sedes principales. También causa inquietud las referencias
a la colaboración “pública-privada” que por regla general son las vías para transferir recursos públicos a
negocios privados.
Solicitamos, que las recomendaciones del Consejo Europeo para la asignación del fondo de recuperación
en sanidad, educación, empleo, transición ecológica, digitalización, investigación e innovación, etc., sirvan
para modificar el actual modelo económico obsoleto y desequilibrado, reindustrialicen la economía con
inversiones de propiedad y gestión pública, fortalezcan el carácter público en salud, educación,
transporte, energía, por un parque público de vivienda, avancen hacia el pleno empleo digno, y aseguren
los recursos para consolidar la cohesión y protección social (pensiones públicas, IMV y prestaciones como
la RGC, etc.).

ALIANZA DE MAREAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE CATALUÑA Suscriben las siguientes organizaciones, movimientos y entidades sociales:
Afectados BB Serveis, Alianza contra la Pobreza Energética, Assemblea Groga, ATTAC Acordem, Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía, Coordinadora de Asambleas de Trabajadores/as en paro de Cataluña, Coordinadora Residencias 5+1, Las Kellys Barcelona, Marea Blanca, Marea Colomense, Marea Pensionista de Cataluña, Movimiento de Residencias de Cataluña, PAH Catalanas, Pastoral Obrera de Barcelona, Plataforma SAD.

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