L’Aliança de Marees i Moviments Socials fa una crida a l’acció unitària en defensa d’un pla alternatiu de mesures urgents

Facebooktwitter

La aprobación de unos presupuestos antisociales, que no revierten los recortes sociales en sanidad, residencias, educación, etc., claramente insuficientes para atender el derecho de las personas vulnerables a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que tampoco han recogido importantes enmiendas de carácter social, que han despreciado las reiteradas solicitudes de los movimientos sociales en las cartas registradas y en las reuniones presenciales con los grupos parlamentarios, es un escándalo indignante e injustificable que los movimientos sociales no olvidaremos.

Con el cinismo de costumbre el gobierno de la Generalitat, han reconocido en la práctica que dichos presupuestos están obsoletos ante las consecuencias de la pandemia. Su propuesta de “Planes de choque” evidencian una nueva tentativa de maquillaje y engaño a la ciudadanía, cuando podían haberlos incluido a través de auto-enmiendas o recogiendo las presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto presupuestario. Esta operación de marketing, o lavado de cara, aprovechando los recursos extraordinarios que el gobierno del estado ha decidió transferir a las comunidades autónomas, y por tanto a la Generalitat de Cataluña. Más que nunca, los movimientos sociales hemos de estar alerta para que dichos recursos no se desvíen a intereses clientelares o al sector privado, como puso de manifiesto el reciente decreto ley para regalar dinero público a las clínicas y hospitales privados con la justificación de atender una factura desmesurada por el uso de las UCIS en comparación con su coste real en los hospitales públicos.

Con el objetivo de defender los derechos sociales fundamentales ante las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en materia de salud, protección social, particularmente de las personas mayores, discapacitadas, en residencias y atención domiciliaria, los derechos de las personas vulnerables, el pleno empleo digno, educación, etc., la Alianza de Mareas y Movimientos Sociales exigimos al Gobierno de la Generalitat el cumplimiento del siguiente Plan Alternativo de Medidas Sociales Necesarias y Urgentes:

 

SALUD Y SANIDAD

– Por un SISTEMA NACIONAL Y PÚBLICO DE SALUD de carácter universal, equitativo, solidario, de calidad, con participación social y PÚBLICO hasta alcanzar el 100%

– Inversión en Sanidad Pública no inferior al 7 % del PIB en la línea suelo de la UE. Ningún recorte, ni repago, ni privatización en sanidad pública. Reversión de lo expoliado. Ni un euro desviado al sector privado/negocio de la sanidad.

– Dedicación del 20 % mínimo de la inversión global en sanidad para AP Atención PRIMARIA (la OMS recomienda un 25%). Personal, materiales, recursos, y competencias para la gestión coordinada de la Covid-19 y sus diversas fases, también desde la atención primaria.

– Estabilidad, salarios justos, recuperación de los atrasos adeudados, y condiciones laborales dignas y seguras para todos los colectivos de trabajador@s del sector salud y sanidad. Ningún despido ni durante, ni trás el final de la pandemia, ampliación y refuerzo de las plantillas para eliminar las listas de espera.

 

PROTECCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES Y/O CON DISCAPACIDAD

– Modificación urgente de la Cartera de Serveis de 2010, para mejorar las ratios de personal, mínimo un gerocultor para cuatro residentes, e incluir servicio médico y de enfermería 24 horas. Dotar a las residencias de equipamiento médico, y habitaciones individuales, por dignidad y para facilitar el aislamiento en próximas pandemias. La terrible situación vivida no puede volver a repetirse.

– Supresión de los Equipos de Atención Residencial a cargo de empresas privadas, como MUTUAM, etc. Que la atención sanitaria a los residentes se haga en la sanidad pública, en los Centros de Atención Primaria que corresponda.

– Aplicación íntegra de la Ley de la Dependencia. Una vez reconocido el grado de dependencia se debe recibir la correspondiente prestación de forma inmediata. Construcción de más residencias públicas y plan para convertir en públicas las residencias privadas.

– Intervención inmediata y total de la gestión de aquellas residencias en que se haya detectado mala praxis, maltrato y desatención de los residentes; en especial en aquellos centros en que el índice de mortalidad durante la pandemia sea más elevado. La Generalitat debe instar de oficio la apertura de procedimiento penales en casos de incumplimientos graves y negligencia en la gestión. También debe depurar responsabilidades en las Consellerias de Treball, Afers Socials i Families y Salut.

– Mejorar las condiciones laborales de trabajadores de estos centros y establecer mecanismos de participación y control de los familiares.

– Facilitar urgentemente los equipos de protección adecuados y los tests al personal que realiza el Servicio de Atención Domiciliaria para evitar el contagio del Covid-19. Exigencia de una información transparente del número de personas afectadas y que han fallecido en este sector.  Respeto de los derechos sobre   las reducciones horarias a los trabajador@s que han tenido que cursar baja laboral o han estado ingresadas.

– Por un nuevo modelo público de gestión pública de atención integral a las personas mayores y/o discapacitadas que respete sus derechos.

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS VULNERABLES

– Implementación efectiva de la Renta Garantizada de Ciudadanía para todas las personas y familias vulnerables, así como del complemento para todas las pensiones no contributivas y prestaciones sociales que acreditan ingresos inferiores al umbral de la RGC.

– Incrementar ya la partida para la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en 500 millones de euros y fijar el 4% de los presupuestos de la Generalitat para implementar la RGC a partir de 1 de enero 2021.

– Actualizar el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) con el IPC de Cataluña desde enero de 2010 hasta la fecha, recuperando el poder adquisitivo de las prestaciones vinculadas al IRSC y superando las restricciones para tener acceso a dichas prestaciones.

– Apoyar la enmienda de lectura única al artículo 26, apartado1, de la ley RGC para acortar el plazo administrativo de resolución de las solicitudes de RGC de cuatro meses a un mes.

– Condonación de la deuda a las personas vulnerables por servicios impagados de electricidad, gas y agua. Firma urgente de los protocolos de la ley 24/2015 entre el gobierno de la Generalitat y empresas energéticas. Regularizar la situación de las personas vulnerables que ocupan la vivienda habitual para que puedan acceder a los suministros con todos los derechos.

– Paralización de los desahucios, moratoria del pago de alquileres e hipotecas a las personas y familias vulnerables. Cobertura de dicha moratoria a cargo de los beneficios de los fondos buitre, o de un fondo público de solidaridad, según cada caso.

 

PLENO EMPLEO DIGNO

– Reducción de la semana laboral a 30 horas en la administración y empresas públicas de la Generalitat, sin disminución de salario, incorporando nuevo personal en condiciones dignas y estables. Extender dicha medida a todas las empresas que tienen vínculos de producción o servicios con la Generalitat.

– Pleno apoyo a la total Derogación de la Reforma laboral de 2012.

– Prohibición de los despidos. Complemento salarial de los ERTES a cargo de las empresas hasta el 100% del salario.

– Plan de plena ocupación con inversiones públicas para acabar con el desempleo, la subcontratación y precariedad.

– Reforzar el Servicio Público de ocupación en recursos humanos y recuperar su papel central en la gestión de las contrataciones y en la formación ocupacional.

– Gratuidad del transporte público para las personas sin empleo o con contratos a tiempo parcial cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo.

 

RETORNO DIGNO PERSONAS EMIGRANTES

– Eliminación del requisito de seis años de residencia exterior para acceder a la condición de persona retornada

 

EDUCACIÓN

– Aumento considerable del número de profesorado. Si el curso próximo las aulas deben tener la mitad del alumnado, esto implica que hay que doblar la plantilla de profesorado. Esto significa, en el caso de Cataluña una inversión de 4.000 millones de euros.

La LEC dice que ahora deberíamos estar en un 6% del PIB en inversión educativa, lo que significaría dedicar 15.000 M. euros en educación. Si tenemos en cuenta que ahora mismo estamos en 5.000 m. un aumento de 4.000 no llegaría aún a lo que marca la Ley Educativa de Cataluña.

– Subsanar la desigualdad digital de nuestro alumnado. En este tiempo de confinamiento se ha detectado que había 180.000 alumnos sin conexión a la red de internado y 360.000 sin ordenador. En el caso de perpetuar la enseñanza digital, estas carencias no hacen más que aumentar la gran desigualdad educativa que ya teníamos antes de la crisis del Covidien-19

– Asegurar una beca comedor para todos los niños y jóvenes que lo necesiten. Teniendo en cuenta que el paro y la pobreza está aumentando exponencialmente, se debe asegurar una alimentación suficiente a todo el alumnado. No externalizar el servicio de comedores y monitores/as.

– Hacer una opción clara por la educación presencial. Los recursos materiales y humanos que se deberían verter para una educación virtual, es necesario que se utilicen para aumentar plantillas y hacer posible la educación presencial, que es la única que puede ofrecer equidad para todo el alumnado y que hace posible la conciliación familiar cuando los padres y madres vuelvan a trabajar.

– Disminuir progresivamente los conciertos educativos, empezando por aquellos que segregan por sexo y/o por clase social. La doble red educativa no hace más que aumentar la desigualdad social convirtiéndola en segregación escolar.

– Asegurar una plaza de guardería gratuita a todo el alumnado de 0-3 años.

– Devolver la democracia en los centros para evitar las grandes desigualdades entre centros educativos públicos y para eliminar la elección del profesorado por parte de las direcciones.

– Eliminar la precariedad laboral de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

 

Llamamos a la mayoría social, a la clase trabajadora, a los movimientos sociales y cívicos a tomar las iniciativas de acción unitaria en defensa de este plan alternativo de medidas urgentes.

Barcelona 11 de mayo 2020

 

ALIANZA DE MAREAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Mareas y Movimientos sociales participantes: Afectats BB Serveis, Asociación Bartolina Sisa  Cataluña, Comisión por un Retorno Digno, Coordinadora Residencias 5+1, Dignidad Dependencia, Marea Blanca, Marea Pensionista, Marea Colomense, Plataforma SAD, Activa’t+45, Alianza contra la Pobreza Energética, Asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona, Asociación Brassavola Honduras, ATTAC-Acordem,  CICLO, Dones Abolicionistes, Coordinadora de Asambleas de Trabajadores/as en paro de Cataluña, Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía, co.bas, Educació, Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), Las Kelly’s de Barcelona, Marea TV,  No+Precariedad, RidersxDerechos, Sindicat Llogateres, Sopa de Pedres, S.RC.Cat, etc.

Para comunicar adhesión escribir al EMAIL: alianza.mms@gmail.com

Facebooktwitter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *